ABOGADOS TRES CANTOS MADRID – EL TRIBUNAL SUPREMO CONSIDERA DELITO LAS LLAMADAS PERDIDAS DE UN AGRESOR A SU VÍCTIMA CUANDO TENGA PROHIBICIÓN DE COMUNICARSE CON ELLA

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ABOGADOS TRES CANTOS MADRID – EL TRIBUNAL SUPREMO CONSIDERA DELITO LAS LLAMADAS PERDIDAS DE UN AGRESOR A SU VÍCTIMA CUANDO TENGA PROHIBICIÓN DE COMUNICARSE CON ELLA

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo considera que la llamada de teléfono a una víctima de violencia de género, por aquel que tiene prohibido comunicarse con ella, aún en el caso de que no se consiga comunicarse con la misma, constituye un delito de quebrantamiento de condena, siempre que la llamada quede registrada y sea posible saber la procedencia de la llamada. El hecho de conocer quien realiza la llamada hace que la víctima vea perturbada su tranquilidad y que vea amenazada su seguridad.

 

Para la sala, este contacto se trata de una forma de escrito equivalente a un mensaje que se hubiera remitido a la persona destinataria de la llamada, ya que hace constar quien la efectuaba y que se había realizado. A pesar de ser de forma automática por parte del sistema.

 

El tribunal señala, que el Código Penal, en referencia a la prohibición de comunicación, no se exige un contacto, escrito o verbal, de doble dirección; por lo tanto, no es preciso que se encuentre respuesta. Tampoco se establecen límites mínimos al contacto, siendo suficiente con su existencia.

 

La Sala asegura que en este caso sí concurren los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal. Por un lado, como tipo objetivo, la existencia de una resolución que acuerde una condena, medida de seguridad, prisión, etc. Y como tipo subjetivo, que el sujeto sepa que existía dicha resolución, así como su contenido, y que sepa, igualmente, que con su forma de actuar está incumpliendo lo que la resolución le impone.

 

El sujeto del caso había sido condenado en 2016 a 2 años de prohibición de comunicarse y aproximarse a la víctima. En junio de 2016 se le condeno a 10 meses de prisión por quebrantamiento de condena.

 

La sentencia ahora confirmada por el Supremo le condenó de nuevo en diciembre de 2017 a un año de cárcel (pena máxima prevista para este delito) por quebrantamiento de condena, al considerar realizada la llamada telefónica a su víctima, pesando sobre la prohibición de comunicación.

 

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