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EL PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DECLARA INCONSTITUCIONAL EL IMPUESTO DE PLUSVALÍA MUNICIPAL SI SUPERA LA GANANCIA OBTENIDA – Abogados Tres Cantos

El Tribunal Constitucional, a través de nota de prensa, ha adelantado la parte dispositiva de la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº32 de Madrid, pronunciándose de esta manera.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado por unanimidad la cuestión de inconstitucionalidad planteada y en su pronunciamiento, ha declaro que el art. 107.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, de 5 de marzo de 2004, es inconstitucional, en los términos referidos en el Fundamento jurídico quinto apartado a).

Según adelanta la nota de prensa, la sentencia argumenta que cuando existe un incremento de la transmisión y la cuota que sale a pagar es mayor al incremento realmente obtenido por el ciudadano, se tributaria por una renta inexistente, produciéndose un exceso en la tributación.

Aún así, el Tribunal Constitucional, limita las actuaciones susceptibles de revisión exclusivamente a aquellas que no hayan adquirido firmeza a la fecha de publicación de la sentencia, que se publicará en los próximos días.

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UN JUEZ PROHÍBE A UN PADRE ACERCARSE AL PROFESOR DE SUS HIJAS POR AMENAZAS – Abogados Tres Cantos

El juez titular del Juzgado de Instrucción nº42 de Madrid prohíbe a un padre acercarse al profesor de sus hijas del colegio público Arcipreste de Hita de Madrid.

 

         Los hechos se produjeron el pasado 17 de octubre de 2018 cuando, según los hechos probados de la sentencia dictada por el Juzgado, en estos se describe que el profesor se encontraba con todos alumnos de su clase formando una fila antes de entrar a las aulas. Mientras el denunciado se encontraba con sus dos hijas, cuyo profesor era el denunciante y miraba de manera intimidante a este. En esos momentos fue cuando comenzó a lazar insultos y amenazas de manera “agresiva” contra el profesor, tales como: “te voy a partir la cara, como sigas molestando a mis hijas te voy a matar”. Teniendo que intervenir otros docentes y el conserje para acabar con dicho incidente.

 

         El profesor atemorizado por los hechos tuvo que acudir el mismo día a su centro médico, donde le diagnosticaron una crisis de ansiedad.

 

         Tras estos hechos probados, el Juzgado de Instrucción 42 de Madrid, ha dictado sentencia condenando al padre por un delito leve de amenazas, imponiéndole una multa de 240 euros y una prohibición de aproximarse al profesor de sus hijas a una distancia inferior a 25 metros durante seis meses.

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ACOSO Y SUPLANTACIÓN EN LAS REDES SOCIALES – Abogados Tres Cantos

ACOSO Y SUPLANTACION EN LAS REDES SOCIALES  

En nuestro código penal, los ciberdelitos están tipificados de dos formas: la primera dentro de los delitos tradicionales y la segunda con la creación de nuevos delitos independientes. En cuanto a los primero con uso de medios tecnológicos destacan, las injurias calumnias, usurpación del estado civil, revelación de secretos, suplantación de identidad digital, etc.

 

Entre los delitos tipificados específicamente encontramos estafa informática regulada en el art. 248.2 CP, el hacking o descubrimiento y revelación de secretos del art. 197 CP, cyberstalking o acoso atreves de medios informáticos del art. 172 CP, daños informáticos del art. 264 CP.

 

Lo que tiene que hacer un perjudicado por estos delitos es recopilar pruebas como capturas de pantalla, testigos, etc.…y denunciar los hechos a las propias redes sociales y poner una denuncia o querella en el juzgado, tanto si te suplantan la identidad como si eres víctima de acoso en las redes por los haters.

 

Además, a estos mismos deberías responderles únicamente comunicando que no te ha gustado y solicitándole que deje de poner esos comentarios, no contestarle y si sigue bloquearlo, si con estas acciones continua, denuncia a la red social y a las autoridades.

 

En muchos casos las diligencias utilizadas para averiguar quién es el hater o el suplantador se dirigen a identificar las direcciones IP por las cuales se accedieron a la cuenta de la víctima en Facebook, Twitter, Tuenti etc. a través de oficios remitidos a la red social en cuestión o a los proveedores de internet (ISP) que son los que almacenan información relativa a dichas direcciones IP. Toda red social tiene asociado un email y aunque los haters suelen tener cuentas falsas se puede localizar un ordenador por su IP y luego al dueño o usuario del equipo informático.

 

En FACEBOOK el enlace para denunciar es: https://www.facebook.com/help/167722253287296

En TWITTER el enlace para denunciar es: https://help.twitter.com/es/safety-and-security/report-twitter-impersonation

En INSTAGRAM el enlace para denunciar es: https://help.instagram.com/446663175382270/

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EL TRIBUNAL SUPREMO CONDENA A NUEVE DE LOS PROCESADOS EN LA CAUSA ESPECIAL 20907/2017 POR DELITO DE SEDICIÓN – Abogados Tres Cantos

La sala les impone penas de entre 9 años y 13 años de prisión. Los otros tres procesados son condenados a pena de multa por un delito de desobediencia.

 

El alto tribunal descarta la rebelión, pero ha condenado al ex vicepresidente del Govern de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras a 13 años de prisión y 13 de inhabilitación absoluta; y a los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa a las penas de 12 años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta, en los cuatro casos por delito de sedición en concurso medial con un delito de malversación de fondos públicos agravado en razón de su cuantía.

 

El Delito de sedición se regula en el 544 del CP.

 

“Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales.”

 

El Delito de Malversación se regula en el 432 del CP.

 

“1. La autoridad o funcionario público que cometiere el delito del artículo 252 sobre el patrimonio público, será castigado con una pena de prisión de dos a seis años, inhabilitación especial para cargo o empleo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de seis a diez años.

  1. Se impondrá la misma pena a la autoridad o funcionario público que cometiere el delito del artículo 253 sobre el patrimonio público.
  2. Se impondrán las penas de prisión de cuatro a ocho años e inhabilitación absoluta por tiempo de diez a veinte años si en los hechos a que se refieren los dos números anteriores hubiere concurrido alguna de las circunstancias siguientes:

 

  • a) se hubiera causado un grave daño o entorpecimiento al servicio público, o
  • b)el valor del perjuicio causado o de los bienes o efectos apropiados excediere de 50.000 euros.

Si el valor del perjuicio causado o de los bienes o efectos apropiados excediere de 250.000 euros, se impondrá la pena en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado.”

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ACCIDENTES CON PATINETES ELÉCTRICOS – Abogados Tres Cantos

ACCIDENTES CON PATINETES ELÉCTRICOS

 

No existe actualmente una legislación de patinetes eléctricos a nivel estatal, lo que está provocando que sean los Ayuntamientos los que regulan el uso de estos vehículos, aprobando ordenanzas con diferentes criterios. 

 

Hay que diferenciar entre los patinetes privados y los de alquiler, mientras los primeros no tienen seguro, los segundos suelen tener seguros porque los Ayuntamientos lo están requiriendo en sus ordenanzas, pero no hay una normativa estatal que exija un seguro.

 

El Gobierno tiene preparado un Real Decreto sobre Vehículos de Movilidad Personal (VMP), con las siguientes novedades: Limita la velocidad máxima entre 6 y 25 km/h, no están obligados a contratar un seguro, se les prohíbe circular por vías interurbanas, no necesitan permiso de circulación, aunque sí se les obliga a tener un certificado de circulación. No será obligatorio matricularlos. La DGT quiere introducir una prohibición de aparcar en la acera.

 

Si tenemos un siniestro donde el conductor del patinete es el culpable y hemos resultado con lesiones o daños, podemos reclamar según sea de grave la conducta o las lesiones, por la vía penal, reservada para imprudencias o lesiones graves, o por la vía civil ejercitando la acción extracontractual, reclamando los daños o las lesiones sufridas.

 

Para ello necesitamos identificar al conductor, como mínimo nombre apellido y DNI y si es alquilado además a la empresa que lo alquila que será seguramente la propietaria, y si tiene seguro, la aseguradora. Cuando se tenga un accidente es conveniente recopilar las mayores pruebas posibles sobre los hechos como recopilar datos de testigos si los hubiere, fotografías, etc.

 

Si tienes un siniestro con patinete contacta con nosotros.

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EL TRIBUNAL SUPREMO EXIME DE PAGAR A UNA MUJER DE LAS DEUDAS CONTRAIDAS POR SU MARIDO SIN SU CONSENTIMIENTO – Abogados Tres Cantos

LA SENTENCIA NUM. 479/2019 DEL SUPREMO DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019, EXIME DE PAGAR A UNA MUJER DE LAS DEUDAS CONTRAIDAS POR SU MARIDO SIN SU CONSENTIMIENTO.

 

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha exonerado a una mujer de devolver una deuda de 17.808 euros de diversos préstamos al consumo y de tarjeta de crédito que su marido suscribió en nombre de ella, falsificando su firma, al haberse acreditado que el banco incumplió su protocolo por permitir que los documentos se firmasen fuera de la entidad.

 

La sentencia dictada por el Juzgado de primera instancia 2 de Cáceres estimó parcialmente la demanda de la mujer contra la entidad y consideró nulo los prestamos suscritos por su marido falsificándola su firma cuando estaban casados en régimen de separación de bienes, pero establecía que como efecto de la nulidad ella tenía que restituir en lo prestado a la entidad bancaria y tampoco estimaban su solicitud de indemnización por daños y perjuicios.

 

En los hechos probados recoge que el marido formalizó con el entonces Banco Español de Crédito (Banesto) (deuda propiedad actualmente de Aiquon) varios contratos de préstamo al consumo y de tarjeta de crédito a nombre de su mujer, sin que ella lo supiera, entre el 2007 y el 2011. Con ese fin, falsificó su firma, además, cambió la dirección a la que se enviaban los extractos bancarios, que era el domicilio del matrimonio, por un apartado de correos para que ella no se enterara. La mujer tuvo conocimiento de lo que había ocurrido cuando se le requirió para que pagara una deuda de 17.808 euros. La mujer pidió explicaciones al banco, se divorció de su esposo e interpuso una querella contra él por falsedad documental, que fue sobreseída tras su fallecimiento.

 

La mujer recurrió alegando infracción por aplicación indebida de los art 1303 1305 y 1306 y la doctrina sobre la ilicitud de la causa o causa torpe e infracción por inaplicación de la normativa y doctrina de indemnización de daños morales, alegando que no tenía que devolver el dinero que recibió su marido y que debía ser indemnizada por daños morales.

 

El Tribunal confirmar la nulidad de los contratos de préstamo por falta de consentimiento y estima el primer motivo del recurso y declara que la recurrente no está obligada a pagar ninguna cantidad a Aiqon Capital Lux S.A.R.L. por los contratos declarados nulos, pero no estima la solicitud de indemnización por daños moral. Porque Aiquon es una cesionaria del crédito de Banesto y no puede imputársele negligencia de la entidad cedente, pero considera que es la entidad la única que debe soportar las consecuencias de una actuación fraudulenta que fue posible gracias a la inobservancia por la propia entidad de sus normas internas, que se dirigen a evitar el fraude a los clientes”.

 

Todo ello según el Tribunal, al ser de aplicación el art 1306.2 del CC causa torpe con culpa de un único contratante. Por ello, la Sala considera que la adaptación al caso de la regla Nemo propriam turpitudinem allegare potest (nadie puede alegar ser causa de su propia torpeza) “está justificada para desincentivar conductas como la desplegada por la entidad financiera, que tuvo una participación significativa en lo ocurrido”.

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COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CONSIDERADA CONSUMIDOR FRENTE A EMPRESA DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES – Abogados Tres Cantos

EL SUPREMO CONSIDERA A UNA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CONSUMIDORES FRENTE A LA EMPRESA QUE REALIZABA EL MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DE LA COMUNIDAD, DECLARANDO ABUSIVOS LOS PERIODOS PACTADOS EN CONTRATO, PERMITIENDO A LA COMUNIDAD LA RESOLUCION UNILATERAL DEL CONTRATO.

 

El TS ha publicado nota de prensa en referencia al control de abusividad de las cláusulas de duración en contratos de mantenimiento de ascensores.

 

El TS estima el recurso de casación de una comunidad de propietarios que había sido demandada por la empresa que tenía el contrato de mantenimiento de ascensores y que le reclamaba indemnización por resolución unilateral del contrato antes del vencimiento establecido en este.

 

El Tribunal considera consumidores a la Comunidad de propietarios y establece que la cláusula de la indemnización por resolución antes de plazo es abusiva y la anula, no teniendo la comunidad que indemnizar a la empresa de mantenimiento.

                                                            

Considera el supremo que un periodo contractual superior a 3 años en este tipo de contratos de mantenimiento de ascensores es abusivo, siendo en el presente supuesto 5 años prorrogables a otros 5. Según el tribunal estos contratos deben permitir el establecimiento de plazos razonables que permitan al empresario organizar la prestación del servicio y a los consumidores beneficiarse de las mejores ofertas que hagan otros empresarios del sector.

 

Al no poder justificar la empresa el exceso de 2 años en el periodo contractual normal para estos contratos, el TS da la razón a la comunidad de propietarios.

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VIOLACION EN EL MATRIMONIO SENTENCIA DEL SUPREMO – Abogados Tres Cantos

EL TRIBUNAL SUPREMO RECHAZA EL SEXO POR OBLIGACIÓN EN EL MATRIMONIO Y CONDENA A 9 AÑOS A UN HOMBRE QUE VIOLÓ A SU MUJER

 

La sentencia, desestima el recurso interpuesto ante la sentencia por el marido contra la Sentencia que le condenaba,  por haber golpeado a su pareja porque ésta no quería mantener en un día determinado relaciones sexuales, forzándole sexualmente, al mismo tiempo que le reprochaba que “es tu obligación”, “que es Domingo y toca”, que “no servía para nada” y que “lo suyo no era trabajar y tenía abandonada la casa y la niña” penetrándola y, al concluir la agresión sexual, la víctima se fue a comisaría a denunciar los hechos.

El Tribunal Supremo señala en su sentencia que:  “No puede admitirse bajo ningún concepto que el acceso carnal que perseguía el recurrente, porque entendía que ese día debía ceder su pareja a sus deseos sexuales, es una especie de débito conyugal, como obligación de la mujer y derecho del hombre, por lo que, si se ejercen actos de violencia para vencer esa voluntad con la clara negativa de la mujer al acceso carnal, como aquí ocurrió, y consta en el hecho probado, ese acto integra el tipo penal de los arts. 178 y 179 CP, y además con la agravante de parentesco reconocida en la sentencia por la relación de pareja y convivencial”

“El matrimonio no supone sumisión de un cónyuge al otro, ni mucho menos enajenación de voluntades ni correlativa adquisición de un derecho ejecutivo cuando se plantee un eventual incumplimiento de las obligaciones matrimoniales”

Este tipo de conductas constituye, sin duda alguna, un grave atentado al bien jurídico protegido por el tipo, que es la libertad sexual, libertad que no se anula por la relación conyugal, por lo que no existe justificación alguna para violentar por la fuerza o mediante intimidación la voluntad contraria del otro cónyuge.  El Tribunal establece el derecho a la autodeterminación sexual en cada uno de los miembros de la pareja, por lo que el empleo de violencia o intimidación por uno de ellos integra el delito de agresión sexual de los arts. 178 y 179 CP

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QUITAN LA CUSTODIA COMPARTIDA A UN PADRE AL CUIDAR DE SUS HIJOS LOS ABUELOS – Abogados Tres Cantos

LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE A CORUÑA CONFIRMA UNA SENTENCIA DONDE SE QUITABA LA GUARDA COMPARTIDA A UN PADRE Y SE DETERMINABA UNA CUSTODIA DE UN UNICO PROGENITOR, LA MADRE. PORQUE EL PADRE DELEGABA SUS FUNCIONES DE CUIDADOS DE LOS MENORES EN LOS ABUELOS PATERNOS.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 1 de A Coruña, en los autos de modificación de medidas núm. 55/2017 dictó Sentencia el 10 de julio de 2018 donde se estimaba la demanda de la madre y se acordaba establecer la guarda y custodia de los hijos a la madre, quitando así la guarda y custodia compartida que les regía hasta el momento. El pasado mes de Febrero la Sección 3ª, de la audiencia Provincial de A coruña, en Sentencia 52/2019 de 7 Feb. 2019, Rec. 483/2018 Ponente: Pérez Pena, María José, desestimó el recuro interpuesto por el progenitor y confirma la del juzgado de violencia.

La Audiencia decide dar la custodia a un único progenitor, la madre, porque en el periodo en el que los hijos estaban con el padre no eran cuidados por este personalmente, siendo cuidados por los abuelos paternos que se dedicaban a realizar todas las labores para con los menores. La Audiencia describe una desatención del padre en los cuidados de sus hijos y que estas funciones las realizaban los abuelos no de forma puntual.

 

La audiencia deja muy claro que la intervención de los abuelos en el cuidado de sus nietos no es reprochable, si es en casos puntuales por necesitar ayuda el padre y otra que se exonere completamente, lo que parece suceder en este caso al referir la sentencia que no acudía al centro escolar para dar una autorización al equipo de orientación, para que su hijo recibiera apoyo escolar.

 

 Entiende la Audiencia que es una obligación personalísima de los progenitores el cuidado de los hijos y el progenitor que no lo haga no puede delegarlo en un familiar siendo lo más beneficioso para los hijos,  que pasen el mayor tiempo con sus progenitores, no con sus abuelos.

 

 

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IMPUESTO DE ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS. NOVEDADES – Abogados Tres Cantos

IMPUESTO DE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS. Después del controvertido acuerdo del pleno de la sala contenciosa del Tribunal Supremo, La entidad bancaria Santander ha sido condenada por el Juzgado de Primera Instancia número 18 bis de Málaga a abonar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) de un préstamo hipotecario contratado en 2014.

El fallo analiza las tres sentencias del Tribunal Supremo del pasado 16 de octubre, que supusieron un cambio en la jurisprudencia, y la deliberación final del Pleno de lo Contencioso, que estableció que sería el cliente quien pagase este impuesto. Finalmente, es el Real Decreto del Gobierno, que hace responsable de pagar el gravamen a los bancos, el que utiliza el juez para determinar que Santander debe abonar dicho impuesto, y no el cliente.

La sentencia argumenta  “Para este juzgador no cabe duda que, en la presente controversia, el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados debe recaer su pago en la entidad prestamista, porque la disposición del Gobierno que se acaba de dictar resuelve una laguna interpretativa y, por tanto, y en cuanto tal, es tácitamente retroactiva, máxime cuando hablamos en nuestro campo de Derecho Civil, más concretamente de Derecho de Consumidores y cuando estamos ante un carácter tuitivo de tal rama jurídica, y cuando además el retorno o devolución del pago del impuesto en caso de nulidad es consecuencia misma y directa de la nulidad decretada en esta sentencia”.

Por ello, el juez ha declarado la nulidad de la cláusula financiera quinta de la escritura del préstamo hipotecario suscrito relativa a los gastos, especificando que no se extiende a los gastos y/o primas del seguro para la conservación de la finca, hogar o incendio o gastos distintos a la garantía hipotecaria que pudieran haberse establecido.