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EL TRIBUNAL SUPREMO EXIME DE PAGAR A UNA MUJER DE LAS DEUDAS CONTRAIDAS POR SU MARIDO SIN SU CONSENTIMIENTO – Abogados Tres Cantos

LA SENTENCIA NUM. 479/2019 DEL SUPREMO DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019, EXIME DE PAGAR A UNA MUJER DE LAS DEUDAS CONTRAIDAS POR SU MARIDO SIN SU CONSENTIMIENTO.

 

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha exonerado a una mujer de devolver una deuda de 17.808 euros de diversos préstamos al consumo y de tarjeta de crédito que su marido suscribió en nombre de ella, falsificando su firma, al haberse acreditado que el banco incumplió su protocolo por permitir que los documentos se firmasen fuera de la entidad.

 

La sentencia dictada por el Juzgado de primera instancia 2 de Cáceres estimó parcialmente la demanda de la mujer contra la entidad y consideró nulo los prestamos suscritos por su marido falsificándola su firma cuando estaban casados en régimen de separación de bienes, pero establecía que como efecto de la nulidad ella tenía que restituir en lo prestado a la entidad bancaria y tampoco estimaban su solicitud de indemnización por daños y perjuicios.

 

En los hechos probados recoge que el marido formalizó con el entonces Banco Español de Crédito (Banesto) (deuda propiedad actualmente de Aiquon) varios contratos de préstamo al consumo y de tarjeta de crédito a nombre de su mujer, sin que ella lo supiera, entre el 2007 y el 2011. Con ese fin, falsificó su firma, además, cambió la dirección a la que se enviaban los extractos bancarios, que era el domicilio del matrimonio, por un apartado de correos para que ella no se enterara. La mujer tuvo conocimiento de lo que había ocurrido cuando se le requirió para que pagara una deuda de 17.808 euros. La mujer pidió explicaciones al banco, se divorció de su esposo e interpuso una querella contra él por falsedad documental, que fue sobreseída tras su fallecimiento.

 

La mujer recurrió alegando infracción por aplicación indebida de los art 1303 1305 y 1306 y la doctrina sobre la ilicitud de la causa o causa torpe e infracción por inaplicación de la normativa y doctrina de indemnización de daños morales, alegando que no tenía que devolver el dinero que recibió su marido y que debía ser indemnizada por daños morales.

 

El Tribunal confirmar la nulidad de los contratos de préstamo por falta de consentimiento y estima el primer motivo del recurso y declara que la recurrente no está obligada a pagar ninguna cantidad a Aiqon Capital Lux S.A.R.L. por los contratos declarados nulos, pero no estima la solicitud de indemnización por daños moral. Porque Aiquon es una cesionaria del crédito de Banesto y no puede imputársele negligencia de la entidad cedente, pero considera que es la entidad la única que debe soportar las consecuencias de una actuación fraudulenta que fue posible gracias a la inobservancia por la propia entidad de sus normas internas, que se dirigen a evitar el fraude a los clientes”.

 

Todo ello según el Tribunal, al ser de aplicación el art 1306.2 del CC causa torpe con culpa de un único contratante. Por ello, la Sala considera que la adaptación al caso de la regla Nemo propriam turpitudinem allegare potest (nadie puede alegar ser causa de su propia torpeza) “está justificada para desincentivar conductas como la desplegada por la entidad financiera, que tuvo una participación significativa en lo ocurrido”.

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NULIDAD DE LOS INTERESES DE DEMORA EN PRESTAMOS HIPOTECARIOS – Abogados Tres Cantos

LA SENTENCIA 671/ 2018 DEL SUPREMO DE 28 DE NOVIEMBRE CONFIRMA QUE LOS INTERESES DE DEMORA EN PRESTAMOS HIPOTECARIOS  CON CONSUMIDORES SI SUPERAN LOS DOS PUNTOS PORCENTUALES SOBRE EL INTERES REMUNERATORIO,  LA CLAUSULA QUE LOS CONTIENEN ES NULA Y SU CONSECUENCIA LA SUPRESION.

El Tribunal Supremo desde el 2015 se había pronunciado sobre la abusividad de los intereses de demora superiores a los dos puntos sobre el interés remuneratorio. Esta doctrina era muy cuestionada.

En el mes de Agosto el Tribunal de Justicia de la unión Europea (TJUE) confirmó la Doctrina del Supremo sobre la abusividad de las cláusulas de interés de demora en préstamos hipotecarios, estableciendo que esta Doctrina del Supremo era compatible con el Derecho de la Unión Europea.

En esta Sentencia del Supremo de 28 de noviembre, se estudiaba un préstamo hipotecario con un 4,75% de interés remuneratorio y un 25% de interés de demora, el consumidor solicitaba que no se le aplicara ningún interés y el Supremo estima parcialmente el recurso de casación y revoca la sentencia de la Audiencia que disminuyo el interés de demora del 25% contenido en la hipoteca, por el triple del interés legal que se regula en el art 114. 3 de la Ley Hipotecaria, confirmando la abusividad de los intereses de demora, refiriendo que como el TJUE ha despajado las dudas sobre la conformidad de la jurisprudencia del Supremo con el derecho de la Unión Europea todos los intereses superiores son abusivos, pero establece que una vez declarada la abusividad de la cláusula de interés de demora, cuando el prestatario incurra en mora el capital pendiente de amortizar devengará el interés remuneratorio del contrato.

 

Si tienes en tu contrato hipotecario estos intereses, contacta con nosotros.

 

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SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO SOBRE LA PLUSVALIA – Abogados Tres Cantos

La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Nº 1163/2018, Rec 6226/2017, de 09 de Julio de 2018 ha dictado Sentencia donde establece que se puede acceder a la rectificación de las autoliquidaciones del IIVTNU (plusvalía) solo en los supuestos donde no haya existido incremento de valor de los terrenos.

En la Sentencia interpretan el alcance de la declaración de nulidad de los artículos 107.1,  107.2 y 110.4  a)  del TRLHL declarados inconstitucionales por La Sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de mayo de 2017 y establece que la nulidad del art 107 es parcial,  solo es nula cuando no ha existido incremento de valor pero el art. 110 si es totalmente inconstitucional.

La inconstitucionalidad total del art. 110, posibilita a los contribuyentes a solicitar y probar que al no tener incremento procede la rectificación y devolución del importe pagado por este tributo municipal.

Se establece que el contribuyente puede acreditarlo con cualquier medio y utiliza como ejemplos las escrituras de adquisición y de venta. Y aportada la prueba por el contribuyente después será la administración la que deberá probar la existencia de incremento

 Recuerda si has pagado la plusvalía como autoliquidación tienes 4 años desde el día siguiente al devengo del impuesto para recuperar lo pagado a tu Ayuntamiento, pero si es liquidación tienes 1 mes para recurrir la carta de pago. Cada Ayuntamiento escoge la forma de cobro si es por autoliquidación o liquidación.

 

 

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Sentencia Gürtell y el partícipe – Abogados Tres Cantos

CASO GÜRTEL
La Audiencia Nacional sala de lo penal sección segunda en el PA 5/2015 ha dictado la Sentencia 20/2018 en la que condenan a 29 de los 37 imputados por alguno de los delitos de los que habían sido acusados, fijando una pena de cárcel para francisco correa, de 51 años y 11 meses.
En el delito de malversación de caudales públicos en la pág. 1575 establece que es participe a título lucrativo “: Ana Mato Adrover hasta un importe de 27.857,53 € y el partido popular hasta un importe de 111.864,32 €, correspondiente a los gastos referidos a la campaña electoral de las elecciones de 25.5.2003, de modo directo y solidario, con Jesús Sepúlveda Recio.”

La persona responsable criminalmente también lo es civilmente siempre que del delito se hayan derivado daños o perjuicios (art. 116 cp), pero además responden el responsable civil directo o subsidiario y el participe a título lucrativo.

El participe a título lucrativo se regula en el art. 122 del CP y es el responsable civil por haber participado de los efectos de un delito o falta por título lucrativo, viniendo obligado a restituir o indemnizar en la cuantía de su participación. Solo responde quien se haya beneficiado de los efectos del delito o falta por título lucrativo, sin que se exija conocimiento de la ilicitud de dichos efectos.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo acerca del participe por título lucrativo (St n.º 532/00 de 30 de marzo, requiere enriquecimiento injusto un beneficiado de los efectos del delito.

Requisitos del participe por título lucrativo: 1. aprovechamiento por título lucrativo 2. desconocimiento de la procedencia de los efectos. 3. ausencia de intervención en el delito o falta 4. responsabilidad solidaria limitada a la efectiva participación.
El límite de su responsabilidad se encuentra en el importe de su beneficio.

La Sentencia no es firme y cabe recurso, no obstante, hay un voto particular de un magistrado que absolvería al PP al entender que no era conocedor de la procedencia ilícita ni de la adquisición con la que se lucraba porque había otra estructura interpuesta que se guardaba los beneficios y era autónoma.
Aunque la sentencia no es firma, se prevé que las acusaciones pidan la entrada en prisión provisional de los sujetos que tengan condenas entre 5 y 10 años como mínimo y que no estén ya.

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SENTENCIA: LA MANADA – Abogados Tres Cantos

NOTICIAS JURÍDICAS PENAL: LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE NAVARRA CONDENA A LOS MIEMBROS DE LA MANADA COMO AUTORES DE UN DELITO DE ABUSO SEXUAL CONTINUADO EN LOS SAN FERMINES Y A UNO DE ELLOS ADEMAS DE UN DELITO DE HURTO A LA PENA DE 9 AÑOS DE PRISIÓN, PERO LES ABSUELVE DEL DELITO DE AGRESIÓN SEXUAL. 

 

En el día de hoy se ha leído el fallo donde se condena a los miembros de la manada de un delito de abuso sexual. Entiende la Audiencia que no existe delito de violación del art 178 CP, por no existir violencia ni intimidación sobre la víctima y les absuelve de este delito y del delito de robo, condenándoles a un delito de abuso sexual que tiene menor pena. 

Hay un voto particular de uno de los tres magistrados que entiende que los miembros de la mandada deberían ser absueltos tanto de un delito de abuso sexual como de un delito de abuso continuado. 

No obstante al existir dos magistrados que les considera autores de un delito de abuso sexual, se les ha condenado como autores de un delito de abuso sexual continuado del art. 181.3 CP subtipo agravado del tipo 4, sin que concurran circunstancias modificativas a 9 años prisión.  

La Sentencia será notificada en el día de hoy. Los hechos probados y los fundamentos jurídicos se desconocen en este momento.  

El delito de abusos sexuales se regula en el art. 181 y siguientes del CP. 

El que, sin violencia o intimidación y sin que medie consentimiento, realizare actos que atenten contra la libertad o indemnidad sexual de otra persona, será castigado, como responsable de abuso sexual, con la pena de prisión de uno a tres años o multa de dieciocho a veinticuatro meses. 

Se consideran abusos sexuales no consentidos los que se ejecuten sobre personas que se hallen privadas de sentido o de cuyo trastorno mental se abusare, así como los que se cometan anulando la voluntad de la víctima mediante el uso de fármacos, drogas o cualquier otra sustancia natural o química idónea a tal efecto.  

3. La misma pena se impondrá cuando el consentimiento se obtenga prevaliéndose el responsable de una situación de superioridad manifiesta que coarte la libertad de la víctima. 

4. En todos los casos anteriores, cuando el abuso sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, el responsable será castigado con la pena de prisión de cuatro a diez años. 

5. Las penas señaladas en este artículo se impondrán en su mitad superior si concurriere la circunstancia 3.ª o la 4.ª , de las previstas en el apartado 1 del artículo 180 de este Código.

﷟HYPERLINK «http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo11-1999.html»

Esta sentencia es recurrible. 

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NUEVO PROCEDIMIENTO CONTRA LA OKUPACIÓN – Abogados Tres Cantos

Ayer se aprobó en el Congreso de los diputados la reforma de la Ley de enjuiciamiento civil (lec) que regula un nuevo procedimiento para los propietarios de viviendas okupadas.

El nuevo procedimiento para la desocupación ilegal, está destinado para los propietarios o usufructuarios,  privados de la posesión de sus propiedades, que sean personas físicas y para entidades sociales y para la administración que tengan un parque de vivienda de alquiler social.

La reforma incluye un nuevo párrafo al art. 250 y al art. 441 de la lec.

El procedimiento se tramitará por el juicio verbal con interposición de demanda solicitando lanzamiento desalojo y la inmediata recuperación de la posesión de una vivienda o de parte de ella. El documento principal que ha de aportarse será el título que le da derecho a la posesión.

Con el traslado de la demanda a los demandados se dará también traslado a los okupas de un auto donde se acordará el lanzamiento y la entrega de la posesión inmediata.

No se va a exigir caución, ni concurrencia de peligro por mora procesal.

El juzgado a la vez que da traslado de la demanda comunicará a los servicios municipales de atención social del municipio la existencia de este procedimiento.

Los demandados y los okupantes de la vivienda se pueden oponer a la demanda y al auto, en el plazo de 10 días, si bien no suspende la ejecutividad del auto que acuerde el lanzamiento y la entrega de la posesión.

La sentencia que se dicte en este procedimiento no tendrá efectos de cosa juzgada y los terceros afectados podrán acudir a un procedimiento declarativo. La sentencia será ejecutable desde que se notifique, con un simple escrito solicitándolo sin que haya que esperar los 20 días de cumplimiento voluntario.

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EL DROGOTEST ES LEGAL

El Tribunal Constitucional inadmitió el 17 de febrero, la cuestión de inconstitucionalidad planteada por un juzgado de Vitoria contra los artículos 12, 65.5c y 67.2 de la Ley de tráfico que regulan el conocido como Drogotest confirmando que la regulación de este test de drogas no es contraria a la Constitución.

El Tribunal Constitucional avala la constitucionalidad de los artículos relativos a la infracción y sanción por conducir con presencia de drogas, porque la norma no prohíbe, con carácter general el consumo de drogas, sino conducir si hay presencia de drogas en el organismo que afectan a las capacidades psicofísicas de los conductores y por tanto conlleva un peligro para la seguridad del tráfico.

Además, refiere que el diferente trato que establece la ley a quienes conducen con presencia de drogas en el organismo si ha sido prescrita por un médico y esa sustancia no incluye en su capacidad para conducir es proporcional.

Recordar que La DGT defiende que el Drogotest da positivos en consumo de drogas hasta 6 horas desde su consumo, si bien los conductores que han dado positivo, refieren continuamente que dan positivo hasta después de 24 del consumo o incluso 48h, cuando el conductor no está bajo los efectos de droga alguna y que la anterior regulación solo sancionaba la conducción bajo la influencia, no existiendo dosis mínima y en el alcohol sí.

El Tribunal confirma que la norma sanciona la presencia de drogas en el organismo cuando se conduce, no su influencia en la conducción, y que el consumo no está prohibido salvo que se realice en lugar público. Este Auto provocara que muchos procedimientos sancionadores que estaban en suspenso continúen.

La conducción con consumo de drogas está calificada como muy grave, y castigada con una sanción de 1.000 euros y la retirada de 6 puntos. Además, el Código Penal establece penas para el que condujere un vehículo de motor bajo la influencia de drogas. También es delito la negativa a someterse a las pruebas de detección de drogas, cuya pena puede dar lugar a prisión de seis meses a un año y privación del derecho a conducir de uno a cuatro años.

No obstante, aunque no haya sido declarada inconstitucional, queda abierta la vía de recurrir por no cumplirse requisitos técnicos de los aparatos, existiendo Sentencias dispares, si tienes un caso similar consúltanos.

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VEHÍCULOS DEFECTUOSOS

Los derechos del comprador varían en caso de que la compraventa se realice con un profesional y/o concesionario de coches de ocasión o entre particulares.

Si es un contrato entre un consumidor y un concesionario, el comprador está amparado por la Directiva Comunitaria 1999/44/CEE (LCEur 1999, 1654) , de 25 de mayo y la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. (Art. 11 de la LGDCU 121 a139 RDL 1/2007) pudiendo pedir reparación sustitución, resolución contrato, rebaja precio, e indemnización.

El plazo mínimo de garantía (pudiendo pactarse uno mayor) es de un año desde la compra del vehículo. Además, durante los primeros seis meses, se entenderá que los fallos que pudieran darse en el vehículo eran preexistentes a la compra; dado que hay una presunción, debiendo por tanto el vendedor asumirlos. Destaca Sentencia del Tribunal Supremo en la sentencia de su Sala Primera de fecha 23 de mayo de 1991 (RJ 1991, 3784).

El carácter defectuoso de los productos se determina por la falta de seguridad, que no responde a lo que esperan los consumidores, y no a la falta de idoneidad para su utilización. El comprador tiene un plazo de dos meses para comunicar la existencia del fallo. El plazo de prescripción de las acciones es de tres años.

La resolución del contrato cuando el fallo sea de importancia, no por cualquier desperfecto. Destaca entre otras Sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga (Sección 5ª) núm. 178/2017 de 31 marzo.

No obstante en algunos supuestos aunque sea entre particulares los vicios pueden incardinarse en un delio de estafa en este sentido destaca la alteración del cuenta kilómetros, Audiencia Provincial de la Rioja, Audiencia Provincial de Sevilla , reseñando la STS de 20 de diciembre de 2006

Si es un contrato entre particulares, no es de aplicación la normativa de defensa de consumidores y se rige por el Código Civil para el saneamiento de vicios ocultos. (artículo 1474). Se deniega la responsabilidad del vendedor y la reparación en casos en los que era patente que el comprador podía haber conocido el estado del vehículo bien por su antigüedad, por no haber pasado la ITV…

El artículo 1486 del código civil otorga al comprador la posibilidad para optar entre desistir del contrato, abonándosele los gastos que pagó, o rebajar una cantidad proporcional del precio teniendo 6 meses para su reclamación desde la fecha de compra, requiere un incumplimiento inequívoco objetivo y pertinaz que produzca la inhabilidad completa del objeto. En este sentido destacan entre otras Sentencia del Tribunal Supremo 1005/2005 de 15 de Diciembre y Sentencia 891/2004 del 21 de Septiembre, Sentencia nº 241/2006 de AP Madrid, Sección 11ª, 5 de Junio de 2006

La compraventa de vehículos entre sociedades mercantiles se considerará un contrato mercantil, y en el caso de vicios, se rige por el Art 345 CCO y CC.